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ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO MARÍTIMO

 

     
DECLARACIÓN DE CARACAS - 1997
 

(CONCLUSIONES DEL SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO MARÍTIMO "LA PROBLEMÁTICA MARÍTIMA DEL TERCER MILENIO", CELEBRADO EN CARACAS, VENEZUELA, LOS DÍAS 9 AL 12 DE JULIO DE 1997)
 

Los participantes del SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO MARÍTIMO, reunidos en la ciudad de Caracas, Venezuela; oídas las conferencias magistrales de los invitados extranjeros, doctores Juan Anduiza, Paolo Ghirardani, José Maura, José Domingo Ray, Iván Robles, Guillermo Sarmiento y Derek Walker, así como las exposiciones de los ponentes venezolanos, doctores Tulio Alvarez Ledo, Freddy Belisario, Juan José Bolinaga, Luis Cova Arria, Omar Franco, Alberto Lovera, Rafael Reyero y Francisco Villarroel, y la presentación efectuada por el Vicealmirante Jesús Enrique Briceño García, habiendo encomendado la redacción de este documento al Relator General, doctor Pedro Pablo Pérez-Segnini, hemos adoptado las siguientes RECOMENDACIONES como conclusiones de este Congreso:

1. CONTAMINACIÓN DEL MEDIO MARINO

1.1. Recomendamos al Ejecutivo Nacional y al Congreso de la República, ratificar los Protocolos de 1992 de las Convenciones CLC/69 y FONDO/71.

1.2. Recomendamos al Ejecutivo Nacional y al Congreso de la República, la adhesión a la Convención sobre Responsabilidad y Compensación en Relación con el Transporte de Sustancias Nocivas y Peligrosas.

1.3. Exhortamos a la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, para que fomente foros internacionales, con el fin de diseñar y estructurar una convención destinada a la compensación de los daños de contaminación causados por buques a la alta mar y su lecho marino.

  1. 2. TENDENCIAS DEL SEGURO MARÍTIMO Y EL P&I CARA AL TERCER MILENIO; EL PROYECTO DE CONVENCIÓN SOBRE REMOCIÓN DE RESTOS NÁUFRAGOS; EL PROYECTO DE LEY MODELO PARA LA REGULACIÓN JURÍDICA DEL INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS.

2.1. Exhortamos a la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, en virtud de que las tendencias de mercado parecen indicar la aparición de "super clubes" de P&I, frente a la retirada del mercado de los clubes más débiles, hacer el debido seguimiento a la situación de estas sociedades, con miras a informar de la evolución que pueden tener las mismas en los próximos años.

2.2. Recomendamos al Ejecutivo Nacional y al Congreso de la República la ratificación de la Convención sobre Remoción de Restos Náufragos. Asimismo recomendamos a la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo que, una vez sea ratificada la Convención, divulgue adecuadamente su vigencia, a fin de eliminar la aplicación analógica que actualmente se viene haciendo de diversos textos legales de nuestro ordenamiento jurídico positivo, para resolver los casos existentes.

2.3. Recomendamos a la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, enviar al Congreso de la República, por órgano de la Comisión que corresponda, el texto de la Ley Modelo de UNCITRAL sobre Comercio Electrónico, para su aprobación y así elevar nuestra legislación al nivel exigido por las modernas comunicaciones, y de esta manera entrar al Tercer Milenio con un cuerpo normativo adecuado.

  1. 3. LAS SOLUCIONES PROPUESTAS CARA AL TERCER MILENIO PARA LA UNIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA DE MERCANCÍAS POR AGUA.

3.1. Recomendamos al Ejecutivo Nacional y al Congreso de la República la adhesión de Venezuela al Sistema La Haya - Visby.

3.2. Exhortamos a la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, a mantener una participación activa, tanto en el ámbito nacional como internacional, a fin de promover la unificación del régimen de responsabilidad del transportista de mercancías por agua, teniendo como norte un régimen que busque proteger equitativamente a la carga y al transportista, y que coadyuve en la disminución de los costos de la aventura marítima.

3.3. Urgimos y exigimos a la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, a concluir el proyecto de reforma del Libro Segundo del Código de Comercio, también conocido como proyecto de Ley de Comercio Marítimo.

3.4. Recomendamos al Ejecutivo Nacional que, en virtud del incremento del 75% del territorio nacional como consecuencia del nuevo Derecho del Mar, diseñe e implemente una organización que vele por el desarrollo de dicha área, en resguardo de la seguridad y soberanía del país.

3.5. Recomendamos al Ejecutivo Nacional, como rector del ordenamiento geográfico y socio-político del país, la elaboración y puesta en práctica de criterios precisos que contribuyan al pleno desarrollo del poder marítimo, a fin de generar nuevas fuentes de ingresos para el bienestar común de la población.

3.6. Exhortamos a la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, a asumir como propósito la afirmación y divulgación de la condición marítima de Venezuela, a fin de generar una conciencia marítima en la población, y en especial, en los sectores dirigentes del país.

  1. 4. LA CONVENCIÓN DE 1993 SOBRE PRIVILEGIOS E HIPOTECAS MARÍTIMAS, EL PROYECTO DE REFORMA DE LA CONVENCIÓN SOBRE EMBARGO DE NAVES.

4.1. Exhortamos a la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo a efectuar una sistematización de las normas que regulen los créditos privilegiados marítimos y las hipotecas navales, contenidas tanto en la legislación interna como en convenios internacionales y en disposiciones subregionales.

4.2. Exhortamos a la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo a continuar el esfuerzo por la creación de una jurisdicción marítima, mediante la creación de tribunales marítimos constituidos o asesorados por especialistas en la materia, para la mejor aplicación de los convenios internacionales marítimos, así como para lograr una rápida justicia en los asuntos marítimos en general.

4.3. Exhortamos a la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo a dar mayor publicidad a los trabajos de reforma de la legislación marítima administrativa que se realiza en el marco de las reuniones convocadas por la Asociación Pro-Venezuela.

  1. 5. NUEVAS TENDENCIAS EN MATERIA DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ARMADOR.

5.1. Recomendamos al Congreso de la República, la inmediata derogatoria de los artículos 38 y 39 de la Ley Penal del Ambiente y la remisión expresa de la materia allí considerada, a las convenciones internacionales que la rigen.

5.2. Exhortamos a la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo a efectuar un trabajo de sistematización de las normas existentes en materia de limitación de responsabilidad del armador, contenidas en la legislación interna y en convenciones internacionales, con el objeto de influir en los propósitos de armonizar las distintas legislaciones nacionales, y unificar en un solo texto las distintas convenciones internacionales, lo cual a su vez influiría en la actualización de legislaciones nacionales

A tal fin, se sugiere tomar como punto de partida para fijar la limitación de responsabilidad, el sistema de la Convención CLC/69, sobre responsabilidad civil por contaminación de hidrocarburos.

5.3. Exhortamos a la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo a dar mayor publicidad a los trabajos que se realizan para la elaboración del proyecto de Ley de Régimen Portuario. Consideramos oportuno plantear que al régimen de responsabilidad del operador portuario, no le sean aplicables las excepciones y limitaciones que asisten al porteador marítimo, habida cuenta de la diferencia de riesgos entre una y otra actividad.

5.4. Finalmente, exhortamos a la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo a asumir como tarea propia el relanzamiento de la marina mercante venezolana, instrumento esencial para acometer eficientemente la recuperación económica del país. A tal fin se sugiere la elaboración de un documento, para ser presentado ante el Congreso de la República y el Ejecutivo Nacional

 

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Estas recomendaciones serán conocidas como la DECLARACIÓN DE CARACAS 1997, de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, y su Comité Ejecutivo tendrá el encargo de velar por su implementación y rendirá cuenta a la comunidad marítima venezolana que se reúna en el III Congreso Internacional de Derecho Marítimo, que se celebrará el año 2000.

En fe de lo cual suscribimos esta declaración, en Caracas, a los doce días del mes de julio de 1997.
 

 

   

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