Make your own free website on Tripod.com
 

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO MARÍTIMO

 

     
MESA REDONDA DE LA PRIMERA SESIÓN
 

MODERADOR: Cap./Alt. ANTONIO ROMERO SIERRAALTA
 

MODERADOR:

Si hay alguna cosa que pueda ser argumentada o cuestionada o que requiera ser aclarada en el tema que hemos visto, las tres ponencias que hemos visto dentro del tema CONTAMINACION DEL MEDIO MARINO, abriríamos un ciclo de preguntas y respuestas. En la medida que yo pueda identificar algunas personas por sus nombres, haré una lista de oradores, pero por favor, me dicen su nombre. El doctor Freddy Belisario, que fue el primero que ví que levantó su mano.

DR. FREDDY BELISARIO:

Gracias, Antonio. Yo quisiera hacerle una pregunta al doctor Lovera, con relación a su conferencia, en donde hizo un análisis exhaustivo de las diferentes Convenciones Internacionales, que regulan los aspectos de responsabilidad por derrames de hidrocarburos.

Dada la polvareda que ha levantado en el país y en la opinión pública, el caso del Nissos Amorgos, yo quisiera que el doctor Lovera me respondiera si el procedimiento instaurado por los tribunales en este caso, se ajusta a la realidad de las Convenciones internacionales, y del sistema jurídico venezolano.

DR. ALBERTO LOVERA VIANA

Allí hay algunas cosas que es necesario precisar. Al comienzo, cuando yo intervine esta mañana como presidente de la Comisión Organizadora, advertí acerca de la libertad académica, sin la cual no funciona un Congreso de este tipo. Está presente uno de los jueces del caso y voy a decir algunas cosas que a lo mejor él no compartirá, pero tengo que decirlas.

El año 1993 hicimos el I Congreso Internacional de Derecho Marítimo en Puerto La Cruz. La ponencia mía, cuyo título me sugirió doctor Luis Cova Arria, se llamaba LA LEY PENAL DEL AMBIENTE Y NECESIDAD DE SU REFORMA, puede servirnos de punto de partida. La Ley Penal del Ambiente contiene una cantidad de exabruptos jurídicos, uno de ellos, por ejemplo, la responsabilidad penal objetiva del capitán de buque. Esto es una cosa inconstitucional, es decir, nos pueden llevar a la Corte de los Derechos Humanos de Costa Rica, solamente porque Venezuela tenga ese artículo en una Ley, donde se dice, que el capitán del buque donde se origine un derrame, será sancionado penalmente. La responsabilidad penal se origina en la intención, en la negligencia o en la imprudencia; no es objetiva, así como puede serlo la responsabilidad civil. Hay responsabilidad penal por el daño que se causa con intención, hay responsabilidad penal cuando el daño se causa por negligencia, hay responsabilidad penal cuando el daño se causa por imprudencia, pero en ninguno de esos casos se trata de una responsabilidad objetiva sino subjetiva. Hay responsabilidad objetiva cuando ésta se origina en el derecho de propiedad que ejerce el propietario sobre el buque agente del daño, como es el caso de la responsabilidad civil objetiva en caso de derrame, establecida por la Convención CLC/69, que es ley de la República de Venezuela.

No existe responsabilidad penal objetiva, no puede existirlo, eso es contrario a lo que es el Derecho Penal, desde su período clásico de Montesquieu y Beccaría. Tiene que existir dolo o culpa del capitán, para que haya una responsabilidad penal. Desde que uno parte de este principio, se da cuenta que esta Ley contiene una serie de elementos, no cónsonos con lo que es la idea del Derecho Penal.

Pero luego existe otro problema (y esto fue aprobado por el Congreso de Puerto La Cruz). La Asociación Venezolana de Derecho Marítimo acordó pedir la reforma de esta Ley, en el sentido de que la acción civil derivada de la responsabilidad penal, fuese siempre ejercida mediante la independencia de acciones. Existen en Venezuela tres formas para el ejercicio de la acción civil por hecho punible: lo que la doctrina llama la confusión de acciones, la interdependencia de acciones y la independencia de acciones, yo no soy penalista, voy a decir más o menos lo que aprendí con un gran profesor que es el doctor Jorge Sosa Chacín y de lo cual hace bastante tiempo ya, pero el reclamante civil tiene derecho a hacer la reclamación dentro del mismo juicio penal, eso es la confusión de acciones. Tiene derecho en el mismo tribunal penal a ejercer una demanda civil - interdependencia de acciones - o tiene derecho a demandar civilmente en un tribunal civil - independencia de acciones. El Congreso de Puerto La Cruz acordó sugerir que esto se delimitara claramente es decir, que se reformara la ley para no dejar dudas, de manera que la responsabilidad civil por derrames fuese siempre ejercida mediante el sistema de la independencia de acciones ante un tribunal mercantil, porque el Código de Comercio, en su artículo 1.082 es claro y preciso, cuando establece la plenitud de la jurisdicción mercantil en las materias que la ley somete a su competencia. La jurisdicción mercantil es plena en las materias que la Ley somete a su jurisdicción. La palabra plena significa que excluye cualquier otra jurisdicción en esas materias que son competencia de la jurisdicción mercantil.

¿Cuáles son estas materias? Las delimita el artículo 1.090 del mismo Código de Comercio, el cual, en su numeral 6, incluye entre estas materias reservadas a la jurisdicción mercantil, "Las causas contra buques aun por deudas civiles", es decir, existe una jurisdicción plena del juez mercantil en materia de detención de buques, de causas contra buques, de demanda contra buques, no puede existir otra porque ésta es plena. En consecuencia, el juez penal es competente para aplicar la Ley Penal del Ambiente en cuanto a la materia penal, pero no en cuanto a la reclamación civil, la cual, en mi criterio, que fue en forma unánime el mismo criterio sostenido por los maritimistas venezolanos reunidos en Puerto La Cruz hace cuatro años, debe dirimirse ante un juez mercantil. La competencia por el territorio y todas las demás cuestiones se pueden discutir después; pero la reclamación civil debe dirimirse, exclusivamente, ante el juez mercantil.

CAPITÁN TILLERO SILVA:

Mi pregunta es muy sencilla, para el Dr. Maura. Yo tengo noticias, no sé si es cierto, que las Fuerzas Navales que están a bordo del buque Nissos Amorgos. Un destacamento, con el fin de impedir la salida del buque. Yo quisiera que el Dr. Maura me dijera si en su experiencia, porque yo en mis 40 años navegando lo ignoro, si él sabe de otro caso similar, de que se haya puesto a bordo un destacamento armado con el fin de evitar que el buque se fuera.

DR. MAURA:

La respuesta es muy sencilla: no.

MODERADOR:

O sea, que no tiene conocimiento de un precedente de esa naturaleza. No lo conoce.

DR. COLMENARES:

Más que pregunta quisiera intervenir en cuanto a la exposición del Dr. Alberto Lovera y el planteamiento que me acaba de preceder.

El problema es que se cometió un delito ambiental. La materia penal ambiental está sometida a la jurisdicción penal ordinaria. Sabemos que la materia penal es de orden público, prevalece por encima de otra jurisdicción, así lo ha dicho la Corte, de tal manera que con el criterio que se fijó esta mañana, que expuso el Dr. Maura, es el tribunal del sitio donde ocurrió el hecho, quien debe conocer de las acciones. La suerte es que la letra de la Ley Penal del Ambiente bifurca la competencia al juez penal. El juez penal en estos casos no solamente verifica y determina la responsabilidad penal por un hecho cometido previsto en la Ley Penal del Ambiente, sino que también abarca la esfera civil por mandato legal. El artículo 1.620 establece que es materia de orden público, la reclamación civil por el daño ocurrido al ambiente y ordena, es mandato legal que obliga al Ministerio Público a intentar las acciones pertinentes en este sentido, de tal manera que coincido parcialmente con el criterio del Dr. Lovera, en cuanto a que si bien la acción por resarcimiento del daño al ambiente le corresponde al Ministerio Público al momento de formular cargos, en el Acto de Cargos; puede haber acciones civiles de personas afectadas por este hecho, que pudieran intentar acciones ante otros tribunales. En segundo lugar, en cuanto a aclarar la situación que se plantea, la Armada no está allí porque quiere sino porque el tribunal a mi cargo la designó depositario judicial. Se trata de la ejecución de una medida precautelativa, que es de carácter subjetivo del juez, la cual fue decidida por el tribunal, que fue una medida de embargo. En estos momentos, la situación es la siguiente: el tribunal libera del embargo al buque Nissos Amorgos y en ese sentido, libró los oficios correspondientes a los jueces civiles, a la Armada y al Capitán de Puerto de Las Piedras, para que, por supuesto, se liberase el embargo.

Ahora bien, parece que existe, otra medida tomada por un tribunal mercantil de Caracas, que consiste en la medida innominada de prohibición de zarpe, de tal manera que por parte del tribunal penal que está conociendo el caso, como tuvo garantías suficientes, una fianza suficiente, y así fue considerado incluso por el Ministerio Público, el barco fue liberado del embargo que tenía por ante mi tribunal. Esto puedo decirlo ahorita con plena libertad porque el caso está en fase plenaria; la liberación fue ratificada por el tribunal superior, de tal manera que puedo estar en libertad de comentar lo que hace pocos días era sumario o secreto. Eso es lo que quería aclarar.

DR. ALBERTO LOVERA:

Para formularle una pregunta al Dr. Maura. Me llamó la atención una insistencia, lo dijo y lo repitió, acerca de las pruebas de los daños económicos. Me llama la atención observar cómo él insiste mucho en la aceptación de estas pruebas por parte del Fondo, es decir, al Fondo hay que probarle la existencia del daño, la cuantía del daño económico, etc.

Ahora, la pregunta que me hago es la siguiente: eso sería válido en el caso de una reclamación ante el Fondo, es decir, una reclamación extrajudicial, donde se está entendiendo la víctima con el Fondo; pero no en el caso de una demanda judicial, en la cual el Fondo sea parte, lo cual está previsto en la Convención, el Fondo es parte una vez notificado válidamente; puede optar entre presentarse al juicio o no, pero en todo caso, ya podría ser condenado. En un proceso judicial, quien aprecia la prueba es el juez, no es el Fondo y además, no sé como será en otras legislaciones, pero en Venezuela, rige un principio muy radical que es el de la soberanía de la apreciación de la prueba. La doctrina usa la palabra soberanía, por cuanto esta libertad de apreciación no puede ser cuestionada por las partes y puede el juez, en consecuencia, en un juicio en el cual el Fondo ya es parte por haber sido válidamente notificado, decidir que la cuantía de la indemnización que se le debe a una víctima, sea de un monto determinado y el Fondo pudiera no estar de acuerdo, pero ya el Fondo estaría a derecho y estaría condenado por este monto que el juez, soberanamente, habría determinado. ¿Qué nos tiene que decir a eso?

DR. MAURA:

Seré breve porque todos queremos ir a comer y porque ya han pasado las horas y es el momento de terminar, pero la pregunta es importante. El convenio Fondo/69 crea una institución, que es el Fondo y el Fondo como institución es respetuoso, es escrupuloso con el Convenio; tanto lo es, que nosotros cumplimos exactamente como el Convenio lo dice. Si el convenio dice que son los tribunales del Estado donde se produce el daño, los que son competentes para conocer las acciones, son esos tribunales de ese Estado. El convenio no dice si es el tribunal territorial o si es el tribunal comarcal o si es el local, o si es penal, civil o administrativo, eso es un problema del Derecho venezolano. Nosotros aceptamos los tribunales del Estado donde se ha producido el daño. Nosotros enfatizamos que sería muy bueno y no sólo esto, sino que es una obligación del gobierno de Venezuela y del Estado venezolano, que el Convenio se cumpla y que se cumpla como se debe cumplir, esto es, como está dicho en el Convenio, porque son dos cosas: es un acuerdo internacional entre la República de Venezuela y 73 estados, es un acuerdo multilateral, es un tratado internacional y los Estados acuerdan que si ocurre esto, nosotros actuaremos de esta manera y todos acuerdan eso y quien no cumple los acuerdos sabemos que tiene problemas y qué es malo y que no es bueno, pero además hay otra razón y es que es Derecho venezolano y en Venezuela se aplica el Derecho venezolano, con lo cual se debe aplicar el convenio. Respecto a las jurisdicciones es mi primera respuesta.

Respecto a los daños al medio ambiente, el doctor Lovera dá una explicación, primero, por qué el juez puede decidir que no se compensen los daños basados en modelos teóricos. Expliqué el problema que tuvimos en La Coruña, por qué razón aquel informe era erróneo, por qué el juez si lo hubiera seguido, se hubiera equivocado, por qué pudimos demostrarlo en su momento y por qué es un riesgo que corre cualquier tribunal que quiera agarrarse a estas situaciones. Nosotros cumpliremos las decisiones de los tribunales competentes, que en Venezuela son los tribunales venezolanos, pero también les explicamos cuál es la política que sigue el Fondo, cuál es la política que siguen los Estados Miembros del Fondo, cómo Venezuela es un Estado Miembro del Fondo, cómo el Gobierno de Venezuela está representado y sigue esa política y cómo otros tribunales, como son los españoles, han interpretado eso; y, si bien no es fácil estar defendiendo al Fondo ante un tribunal en un país extranjero, por cuanto existe una tendencia a decir que como el Fondo es grande y tiene dinero, que pague, pero hay que buscar la razonabilidad, hay que buscar un sistema que funcione, hay que ser razonables, por eso insisto: tenemos que buscar un sistema que cubra hoy y que cubra en un futuro, y que las víctimas no se queden sin compensación. Si abusamos del sistema y entramos en asuntos tales como las evaluaciones de años futuros, o de daños ambientales siguiendo modelos teóricos, corremos el riesgo de que el sistema no funcione y eso es malo. Lo bueno es que funcione y eso es lo único que le puedo decir.

MODERADOR:

Muchas gracias, Dr. Maura. Ha concluido la sesión.

   

10ma. Transversal con 3ra. Avenida, Los Palos Grandes,

Escuela de Estudios Superiores de la Marina Mercante. Caracas, Miranda 1061. Venezuela

webmaster: lombard17@hotmail.com

Diseño e implementación: Javier Prato