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ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO MARÍTIMO

 

     
MESA REDONDA DE LA CUARTA SESIÓN
 

MODERADOR: Cap./Alt. ANGEL TILLERO SILVA
 

DOCTOR JOHN RICHARD:

Mi pregunta va dirigida al Dr. Robles. Quisiera saber si tiene conocimiento de qué porcentaje de causas marítimas no panameñas está conociendo actualmente el Tribunal Marítimo de Panamá y cuál ha sido la suerte de las mismas.

DOCTOR IVÁN ROBLES:

Asumo que usted se refiere por causas marítimas no panameñas, aquéllas en las cuales la República de Panamá no tiene ningún elemento de contacto con la relación jurídica o del hecho que causó la demanda o el secuestro de la nave. ¿Eso es correcto? Bueno, bajo ese supuesto yo le diría perfectamente que quizás el 98% de las causas que conoce el Tribunal Marítimo de Panamá, no son causas panameñas sino causas extranjeras. Si usted me pregunta el resultado de esas causas, no tengo estadísticas en la mano para serle preciso, así que tendría que hablarlo un poquito arbitrariamente. Yo diría que un altísimo número de esas causas terminan transándose antes de llegar a la audiencia ordinaria, normalmente a nivel de la audiencia preliminar donde ya las partes conocen los elementos de prueba, cada uno las herramientas que tiene el otro y ya uno tiene un elemento para saber por dónde puede pasar una transacción y normalmente allí acaba el caso.

Creo que ese es uno de los elementos más positivos del proceso, que no sólo facilita sino que impulsa, obliga a la transacción y el juez tiene una participación bastante activa porque se lo exige la ley, de intentar allegar a las partes a un proceso de transacción, así que yo le diría que un alto porcentaje, mucho mayor del 60% de las causas terminan por transacción antes del fallo de primera instancia. El resto de las causas que se litigan hasta el final, probablemente, dependiendo de la complejidad de la causa obviamente, obtienen fallo de primera instancia entre 8 meses y un año y si no se produce una transacción después del fallo de primera instancia, probablemente pase en apelación a una de las salas de la Corte Suprema de Justicia en calidad de tribunal de apelación.

NO IDENTIFICADO:

Quisiera complementar un poco a Iván diciendo que es práctica usual, sobre todo en las flotas pesqueras, muchos abogados realizan los embargos, sobre todo atuneros porque tienen, necesariamente, que pasar por el Canal para hacer su faena de pesca en el Pacífico, y normalmente se está utilizando el tribunal panameño para realizar estos embargos a los buques atuneros de empresas venezolanas, deudores y acreedores venezolanos que se hacen en Panamá por la facilidad de la situación, ya que el barco va a pasar por ahí.

DOCTOR IVÁN ROBLES:

Eso es correcto, yo contaba hoy una anécdota, creo que es oportuno mencionarla: en una ocasión me pidieron que gestionara una entrevista de unos senadores venezolanos con la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Panamá, para ponerle la queja de que el Tribunal Marítimo panameño estaba secuestrando naves atuneras de bandera venezolana. Yo les manifesté a los colegas que acompañaban a los senadores que con mucho gusto les gestionaba y le obtenía la cita, a pesar de que no concordaba en lo absoluto con el planteamiento de ellos, pero que con gusto lo haría, cosa que hice, la reunión se efectuó, expusieron su queja y recuerdo que me preguntaron mi opinión y les dije que era un procedimiento marítimo internacional perfectamente aceptable y que lo curioso es que en la mayoría de las causas sobre las cuales los senadores venezolanos tenían queja, el demandante era venezolano, el demandado también así como la nave. Si la jurisdicción panameña no es la buena y no porque sea panameña sino cualquiera no era buena y la otra era mejor ¿Por qué no buscaron la otra que era más accesible? Obviamente porque estaban buscando una jurisdicción que resolviera eficiente y rápidamente el caso.

NO IDENTIFICADO:

Es para aclarar que igualmente en Venezuela es perfectamente factible, porque el Artículo 53 del Código de Procedimiento Civil dice que, además de la competencia general que asigna la norma del Código, el juez venezolano es competente para conocer de causas sobre bienes situados en la República de Venezuela aunque el demandante sea extranjero, aunque las partes sean extranjeros no residenciados o domiciliados en el país.

   

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